Ponencia presentada en el Seminario Libertad de Expresión, Disidencia y Democracia

In Hemeroteca by María Elena Meneses

Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República

En primera instancia quiero agradecer la invitación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República para participar con tan distinguidos ponentes. El tema de esta mesa es Vigilancia del Estado, Privacidad y Derechos Humanos, una tríada que en tiempos de Internet se encuentra en tensión constante. Quisiera articular esta intervención intentando responder algunas preguntas, la primera: ¿Qué es Internet?

Descriptivamente es un conjunto de redes interconectadas donde hoy coexiste el mayor volumen de información en la historia de la humanidad y que proviene de una gran diversidad de fuentes. Su uso, además de reflejar una imperante desigualdad entre naciones y dentro de éstas, se ha convertido en fuente de productividad y competitividad, pero también en parte fundamental de la vida política y cotidiana de quienes tienen acceso.

Segunda pregunta: ¿Cuál es el valor social y cultural de Internet? Merece otro tipo de respuesta porque como lo ha reconocido el relator especial de Naciones Unidas para Libertad de Expresión, Frank La Rue, la red es uno de los más poderosos instrumentos del siglo XXI: facilita el acceso a la información, incrementa la observancia ciudadana para que las instituciones rindan cuentas y puede ayudar a la activa participación ciudadana en la construcción democrática.

Además, como si fuera poco, promueve una nueva forma de reproducción y apropiación cultural, desvanece la cadena de valor y diluye el sentido de pertenencia que los productos culturales tenían en la era análoga. Rompe el espacio-temporal, la autoría, la nacionalidad y el precio, con lo que da paso a un ecosistema cultural cuyos rasgos sobresalientes son: la gratuidad, el libre flujo de contenidos, el consumo y la producción no profesional.

En Internet la comunicación no es vertical como en los medios tradicionales, sino horizontal, entre pares, de muchos a muchos. Su arquitectura es esquiva a los poderes tradicionales, su carácter es ubicuo porque está en casi en todos lados y su  esencia es global porque no tiene un carácter nacional. Estos atributos permiten que la red articule una esfera pública global que fortalece el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a saber, mientras coadyuva a articular el disenso en contextos de libertades acotadas.

Diversas naciones, conscientes de que Internet es mucho más que una infraestructura, han incorporado a sus legislaciones el acceso a la red como un derecho humano. Es el caso de México con la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Estos atributos, sin embargo, están lejos de materializarse para conseguir ensanchar la democracia y promover la participación ciudadana. Por ello es pertinente plantearse una tercera  pregunta: ¿De quién es Internet?

En los últimos dos años hemos constatado una dura batalla por su control político y económico. Por un lado, Estados pretenden dominarla por medio de la censura al estilo Pekín, o bien, como los dictadores del Magreb. Basta recordar cuando Hosni Mubarak ordenó activar el killer switch cuando la disidencia y algunas empresas tecnológicas montaban sus propios sistemas de comunicación. Contra lo que pudiera pensarse, los intentos por controlar Internet no provienen únicamente por parte de los gobiernos autocráticos, sino también de gobiernos democráticos. Estos propósitos también atraviesan, como señala la activista y periodista Rebecca MacKinnon, ideologías y culturas. Los países democráticos han emprendido una forma de control blando —pero no por ello menos implacable—.

Con un ánimo explicativo expondré las cuatro posturas que dominan el debate político y económico sobre el futuro de Internet: la de los gobiernos, la de las empresas, la de los gobiernos con las empresas para preservar la seguridad nacional y la de los ciudadanos-internautas —sean estos disidentes o ciudadanos comunes—.

I. El Estado debe controlar Internet

“Internet no es un universo paralelo al de los Estados”, reclamó el expresidente Nicolas Sarkozy en el discurso inaugural de la Cumbre de Deauville en 2011, en donde previamente a una reunión del G-8 asistieron empresarios como Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, y Eric Smith, CEO de Google, para analizar el futuro de Internet. Con esta declaración argumentó que al ser los “gobiernos los únicos representantes legítimos de la voluntad general” deben estar presentes en la evolución de Internet la cual, a decir del exmandatario francés, no puede permanecer al margen de la ley ni permanecer en manos de monopolios de la economía digital.

Paradójicamente, en Francia fue aprobada en 2010 una de las más duras leyes para quienes descargan material de sitios P2P. La conocida “Ley Sarkozy” ha sido controversial no sólo en Francia, sino en el mundo entero por criminalizar a los internautas y permitir la vigilancia a los usuarios por parte de los proveedores de Internet, lo cual  afecta  derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y a la privacidad. No sólo en Francia, leyes, iniciativas y tratados reactivos ante el escenario digital comenzaron a negociarse en una especie de efecto dominó y México no fue la excepción, ya que pese al llamamiento del Congreso a no hacerlo, el gobierno firmó el controversial acuerdo en 2012. Ahora negocia el acuerdo Transpacífico, con medidas similares o quizá peores.

Se trata de una postura que enarbolan Estados democráticos y que exalta las supuestas afectaciones que provoca Internet a la propiedad intelectual. En este debate falta una reflexión sobre cómo se afectan los derechos de los ciudadanos internautas, mientras sobran argumentos faltos de rigor científico y millonarios cabildeos de quienes poseen patentes y derechos de autor.

II. Internet libre, pero para las empresas

Nuestras libertades cada vez son más dependientes de servicios y plataformas que pertenecen al sector privado. Para nadie es ajeno que empresas de la economía digital, como Google y Facebook, se han convertido en interlocutores inevitables del devenir del mundo. Por millones sobrepasan las ganancias de empresas de la era análoga.

Es innegable que plataformas como la famosa red social fueron herramientas que ayudaron a la disidencia árabe a articular su movimiento con el apoyo de occidente. También es cierto que a partir de un video en YouTube los estudiantes mexicanos del #YoSoy132 iniciaron un movimiento que fundamentalmente demandó en sus inicios el respeto al derecho a la información. Pero detrás de su discurso libertario, las redes sociales manejan con muy poca escrupulosidad los datos personales de los usuarios.

La empresa IBM señala que 90% de los datos que hay hoy, no existían hace dos años, y la consultora IDC señala que la mayoría de esa información no tiene ningún tipo de protección.

III. El Estado con ayuda de las empresas debe usar la vigilancia en la red para enfrentar amenazas contra la Seguridad Nacional

Podemos señalar que en la historia de Internet habrá un antes y un después de las filtraciones de Edward Snowden. El espionaje ilegal mediante el uso de la tecnología es una realidad que sospechaban algunos —con el riesgo de ser llamados paranoicos—. El ex agente de la CIA dio algo de razón a estos al develar la red de espionaje del gobierno de Estados Unidos con la colaboración obligada o pactada —no lo sabemos con claridad— de empresas de la economía digital.

El derecho a la privacidad es sin duda el que más ha resultado vulnerado con la revolución digital, porque es casi imposible que un gobierno no ceda a la tentación de tener tanta información acumulada, no sólo para atrapar criminales —lo cual es su obligación—, sino para vigilar a ciudadanos incómodos. Tampoco es sencillo que una empresa desprecie la riqueza de almacenar y vender a anunciantes sus bases de datos y, al mismo tiempo, colabore con un gobierno que le da facilidades para acceder a nuevos mercados.

 De las filtraciones de Snowden nadie ha quedado bien librado: ni el presidente Barack Obama, el Big Brother de este Reality de espionaje, ni tampoco las empresas tecnológicas que, pese a sus informes de transparencia en los que dan a conocer de forma muy general las peticiones que hacen los gobiernos, no pueden dejar de ser vistas con desconfianza.

Detrás de esta red de espionaje, según ha evidenciado el ingeniero Morgan Marquis-Boire de la Universidad de Toronto, hay todo un mercado de espionaje digital de 5 mil millones de dólares. Los ciudadanos somos quienes le damos sentido a la tecnología cuando la incorporamos a nuestra vida: al estudiar, trabajar o articular un movimiento disidente. Vigilar en nombre de la seguridad nacional o para combatir a un enemigo global resulta una frase sin sentido cuando no hay ordenamientos judiciales de por medio y, por tanto, deliberadamente se pone en riesgo el derecho a la privacidad de los ciudadanos, ya sea de un presidente, un activista, ustedes o yo.

La sofisticación de la vigilancia mediante millonarias inversiones en sistemas para descifrar datos protegidos en correo, chats, llamadas telefónicas y hasta en expedientes médicos es cada vez mayor. Desencriptar datos pasando por alto la ley equivale a vulnerar la única instancia tecnológica que puede proteger nuestra privacidad en la red. Seríamos ingenuos al pensar que el espionaje únicamente viene de las potencias, no es sólo una tentación de Estados Unidos y Gran Bretaña.

El pasado mes de junio, organizaciones civiles como Propuesta Cívica A.C., AI Consumidor A.C. y el ContingenteMx realizaron una petición formal al IFAI para verificar la presencia del software de espionaje FinFisher en los servidores de las empresas de telecomunicaciones mexicanas. ¿Qué pasó con la investigación? No lo sabemos. El espionaje ilegal erosiona el contrato social alrededor de la red, que prevalece gracias a valores como la libertad y la confianza que han hecho del entorno virtual un bien común digital.

La presidenta de Brasil ha reaccionado como lo ameritan las circunstancias, en tanto que el gobierno de México apenas lanzó un tibio reclamo ante el espionaje del cual fue víctima el presidente Peña Nieto cuando era candidato. ¿Tiene razón la Presidenta? ¿Su Marco civil de Internet que propone disminuir el control de EU sobre la red es el mejor? Antes debemos analizar a qué se refiere con mecanismos multilaterales de control, pero hay que reconocer que puso en la mesa el inevitable tema de que la real gobernanza de Internet disminuye el poder estadounidense  sobre la red.

Los gobiernos nacionales, que no dudamos que realizan algún tipo de espionaje sin ordenamientos judiciales, están obligados a ser transparentes y a rendir cuentas. Por su parte, las empresas tecnológicas que viven del discurso mercadológico de la visibilidad y la transparencia, deben predicar con el ejemplo y decirnos si colaboran o no con programas de espionaje y bajo qué circunstancias.

El riesgo de no dar explicaciones sobre estas revelaciones es enorme  por la pérdida del motor de la integridad política y empresarial: la confianza de los ciudadanos-internautas. Vigilar en nombre de la seguridad nacional exige una definición clara del concepto y también sus dimensiones y  delimitaciones.

IV. La red abierta

Para los defensores de la red abierta, ésta debe permanecer al margen del control estatal o incluso empresarial, para promover la libertad de expresión, el derecho al saber y  la creatividad al servicio de la humanidad. Una postura para algunos ingenua, pero fue la que inspiró a sus creadores y la que ahora defiende la UNESCO con la noción de la universalidad de Internet.

Un enfoque humanista, necesario e impostergable en tiempos de preeminencia tecnológica y de discursos entusiastas ligados más con la mercadotecnia y las relaciones públicas de las empresas, que con el desarrollo humano de las personas. Internet, cuyo protocolo no está patentado y que ha representado un contrapoder para las voces disidentes y para el pleno ejercicio de libertades civiles, merece ser defendido en calidad de espacio público. Vuelvo a citar a MacKinnon: como bien común digital.

Sin caer también en el falso dilema de “quieren seguridad, cedan trozos privacidad”, los legisladores deben tomarlo en cuenta y evitar controlar el medio y sus contenidos porque lesiona los derechos fundamentales, las conductas son las que se sancionan. Los gobernantes al elaborar las políticas públicas alrededor de la conectividad, el acceso y los programas de inclusión deberán trazarlas teniendo como eje al ciudadano. Necesitan responder a la tercera pregunta planteada: ¿De quién es internet?

Internet es un bien común cuya gobernanza depende de todos.

Muchas gracias.

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