México federaliza delitos vs periodistas

In Opinión by María Elena Meneses

Columna en el noticiero Antena Radio del IMER con Mario Campos el 15 de noviembre de 2011.

El viernes el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada de 362 votos, reformar el artículo 73 de la Constitución, para federalizar los delitos contra periodistas, histórica reforma, que sería la base para una ley reglamentaria que proteja los derechos de estos profesionales en el país, que en la última década han sido acosados por brutales crímenes, extorsiones, secuestros, amenazas e incluso agresiones a diversas instalaciones.

Con esta reforma las autoridades federales podrán ejercer la facultad de atracción  de estos delitos, que hasta ahora son investigados localmente con magros resultados, ya que la mayoría de las investigaciones no están concluidas.

Sobre esta situación, en 2010 el Relator Especial sobre la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue señaló que esta situación impide determinar con exactitud las causas y  a los responsables de los crímenes, lo cual resulta inadmisible en una sociedad democrática.

Solamente entre 2000 y agosto de 2011, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 74 periodistas fueron asesinados y el fenómeno relacionado con estas atrocidades es la impunidad, que se deriva de  serias deficiencias en los sistemas estatales de procuración de justicia, ya reconocida por expertos en Derecho.

Además muchos de estos delitos se atribuyen a  la delincuencia organizada, particularmente al narcotráfico, cuyo poder difícilmente puede ser enfrentado por autoridades locales.

De ahí la trascendencia de esta reforma que de llevarse a la práctica, podría traducirse en la resolución de estos indignantes hechos.

La federalización de los delitos cometidos contra periodistas se había solicitado desde hace varios años por el propio poder Ejecutivo, por Asociaciones de Editores como la Sociedad Interamericana de Prensa, por  la Relatoría Especial de Naciones Unidas; por destacados juristas y organismos de la sociedad civil, sin embargo había encontrado tropiezos.

Algunas voces que se opusieron a dicha federalización expresaban algunas legítimas dudas, destaco dos:

1) Una posible intromisión a la soberanía de los Estados. La reforma en realidad no representa una intromisión,  sino tal como quedó establecido facilitaría la coadyuvancia entre federación y entidades, para resolver un problema que lastimosamente ha llevado a algunas instancias a decir que México es el segundo país más peligroso para el ejercicio periodístico después de Irak.

2) Otro argumento tiene que ver con el trato especial al gremio, cuando todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Sin embargo Guillermo la labor que realizan los periodistas no es cualquiera.

A este gremio es al cual, la sociedad otorga mediante pactos legítimos el fungir  como agente válido para informarle lo que sucede a su alrededor lo cual, tiene un vínculo indisociable con el derecho a la información y la libertad de expresión.

Agredir a un periodistas es lesivo para la libertad de expresión y callar a un profesional de la información, ya sea un reportero, fotógrafo, camarógrafo es atentar contra el derecho a la información de los mexicanos y en última instancia, se trata de una agresión a la democracia.

Así como es importante destacar la trascendencia  de esta reforma que  se envió al Senado para sus efectos constitucionales, es importante reconocer que la sola atracción federal de los delitos en contra de los periodistas, no es suficiente para terminar con el clima de violencia que no sólo se traduce  en brutales crímenes  sino en  secuestros, hostigamiento y amenazas constantes a la labor  de informar, lo cual ocasiona necesariamente la autocensura que cancela el derechos de los mexicanos a estar informados.

Hace un año cuando el relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y la Libertad de Expresión, el Sr Frank La Rue visitó México a invitación del gobierno dio a conocer un amplio y documentado informe, que habla justamente de los pendientes en la materia de los cuales,  la federalización resultaba apremiante para terminar con el clima de  incertidumbre y desconfianza que la impunidad genera.

También esa relatoría propuso otras medidas como por ejemplo:

1.-Dotar a la ya existente Fiscalía Especial de  Atención para Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión dependiente de la Procuraduría General de la República de mayor autonomía y recursos, a fin de realizar de manera más expedita y eficiente su labor.

2.- Adoptar protocolos especiales de investigación para delitos en contra de periodistas a fin de agotar la hipótesis de que tal delito hubiese sido cometido en función de la labor informativa de la víctima.

3.- Fortalecer los organismos públicos de Derechos Humanos y crear programas de  especializados  sobre  libertad de expresión y protección a periodistas en las Comisiones estatales de Derechos Humanos.

4.- Establecer un Mecanismo Nacional de protección a periodistas con recursos y liderado a nivel federal, este es sin duda un asunto apremiante.

Existe un Convenio de colaboración y el compromiso de crear un mecanismo interinstitucional entre las Secretaría de Relaciones Exteriores, LAPGR la SSP y La CNDH pero hasta ahora no sabemos cómo o cuando comenzará a operar.

Por supuesto que es responsabilidad del Estado brindar seguridad a los periodistas,  pero la acción de los directivos de medios y de el propio gremio es de suma importancia.

Protocolos de seguridad, capacitación constante, coberturas colaborativas y acuerdos incluyentes para la cobertura de la violencia con instancias de observancia, son algunos temas pendientes en la agenda de los medios y periodistas que son un gremio tradicionalmente disperso, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los países democráticos que tienen instancias gremiales que son interlocutores imprescindibles.

La lista de pendientes para proteger no a un gremio, sino a la libertad de expresión y derecho a la información  es aun amplia y depende no sólo del Estado, pero la reciente reforma aprobada en la Cámara de Diputados debe ser valorada como un importante paso  para el ejercicio del periodismo en México y no debemos escatimar su relevancia.

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Foto: “Blinded by Journalism” por VAhmadHammoud@ Flickr

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