Lo que pasa en internet ¿vivirá siempre ahí (aunque no quieras)?

In Opinión by María Elena Meneses

Artículo publicado en CNN México.

La senadora priista Verónica Martínez presentó el 22 de julio una iniciativa que incorpora a la actual Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, el derecho a que los ciudadanos mexicanos puedan solicitar a las empresas que sus datos sean eliminados de forma inmediata y se les garantice el “derecho al olvido digital”.

Si bien el tema es impostergable, merece un análisis responsable en el que se manifiesten y discutan de forma imparcial las implicaciones de esta reforma, tanto para autoridades responsables como lo es el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), como para las empresas y los ciudadanos. En la iniciativa se sostiene la necesidad de fortalecer la protección de datos mediante el denominado y polémico olvido o borrado de datos digitales.

En los últimos tiempos los usuarios de Internet nos hemos percatado, cada día más, de cómo empresas de la economía digital dan a nuestra información —ya sean gustos, experiencias y creencias— un valor cuantificable. Para nadie es ya ajeno que ésta es la estrategia de los millonarios negocios en la red. El engranaje de esta dinámica no sería posible sin la confianza y la responsabilidad que depositamos cada vez que escribimos en una pantalla nuestra información personal a cambio de algún servicio, un juego o de la posibilidad de conectarnos con nuestros amigos.

Considero que tanto empresas como tiendas virtuales, buscadores y redes sociales, han sido poco escrupulosos con el manejo de la información de los usuarios, quienes sabemos poco del destino de nuestra información. Sin embargo, debemos reconocer que no estamos libres de culpa, ya que pocos leemos las interminables hojas con las políticas y términos que establecen dichas empresas sobre el manejo de nuestros datos personales.

Estos dilemas de la era post Internet dan como resultado la necesidad de un nuevo contrato social digital que implica nuevas normas y reglamentos, también de nuevas prácticas culturales como son el adquirir y fomentar la responsabilidad de leer las políticas de privacidad de nuestra red social favorita.

Este contrato supone la articulación de una jurisprudencia para la sociedad digital que tienda a proteger a las partes. Por ejemplo: las leyes de protección de datos personales, el acceso a Internet como derecho fundamental, la neutralidad de la red, así como algunas leyes controversiales como las relacionadas con los derechos de autor y el derecho al olvido digital. Este derecho permitiría que las empresas digitales se vean obligadas a borrar toda la información a petición expresa de los ciudadanos. Esto sucedería cuando los ciudadanos consideren que alguna información del pasado lastima su honor o privacidad.

Internet tiene una memoria imborrable, basta teclear el nombre de una persona para acceder a su presente y pasado. El poder de almacenamiento, reproducción e indexación, tiene repercusiones en algunos derechos fundamentales y, por tanto, surge la necesidad de reflexionar sobre cuán dueños somos de nuestra información en la era digital. El punto controversial es si en países con bajos niveles de desempeño en materia de transparencia y elevados niveles de corrupción e impunidad, como es el caso de México, el olvido digital acabaría favoreciendo estas prácticas que tanto daño han hecho al país.

La polémica no queda ahí. Internet no solo es entorno de sociabilidad, negocios o espionaje, sino paradójicamente se trata también de un bien común que apoya a las voces disidentes cuando no existen suficientes canales de expresión y de información imparcial. De esta forma, el derecho al olvido digital corre también el riesgo de tener alguna injerencia con el derecho a la información y la neutralidad de la red.

Estos argumentos han sido expuestos en casos recientes en Europa, el último de ellos en España. Hasta el Tribunal europeo llegó la demanda de un ciudadano que solicitaba que Google borrara algunos datos que, según él, lastimaban su honor. El fallo favoreció a la empresa bajo el argumento de que la información en cuestión había sido subida por terceros.

En diversas ocasiones directivos de Google, como Vint Cerf, han expresado que la vida digital es imborrable. Esto lo considero exagerado, ya que pone en blanco y negro un debate que merece rigor y seriedad pues están en riesgo los derechos humanos en tiempos de Internet. Decir a los usuarios, “si no quiere que se sepa no lo publique”, no favorece de ninguna manera el conocimiento de estos temas en donde se ponen en juego derechos fundamentales.

En el caso de España, la información le era incómoda a un ciudadano sin implicaciones públicas, pero: ¿Qué se debería hacer cuando la información es de interés público? Estos casos develan un problema complejo que, más allá del ámbito legal, tiene una dimensión ética y que a nivel global está enfrentando a la Unión Europea con Estados Unidos, país de origen de la mayoría de las empresas digitales. Considero que sin reflexión, discusión y análisis estas normativas pueden resultar contraproducentes y costosas para las partes, sobre todo para los ciudadanos.

Es no solo deseable, sino necesario que en México se pongan en la mesa de discusión los derechos humanos de cuarta generación —como se conocen a los derivados de la preeminencia tecnológica en la vida de las personas—. También es de celebrarse que los legisladores contemplen en sus agendas soluciones a los problemas de la era digital. Sin embargo, no se debe dejar de lado que estos temas merecen un análisis cuidadoso sobre las posibles consecuencias, lo cual se debe llevar a cabo independientemente de tiempos políticos y legislativos.

Gobiernos, empresas, legisladores y usuarios tenemos la responsabilidad de construir colaborativamente el futuro de Internet.

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