El ACTA: El debate en México

In Hemeroteca, Opinión, Publicaciones by María Elena Meneses

por María Elena Meneses

Publicado originalmente el 30 de junio de 2011 en Virtualis, blog sobre la sociedad digital en El Universal.

El pasado 22 de junio el Congreso mexicano recomendó al Ejecutivo no firmar el Acuerdo Antifalsificación —ACTA por sus siglas en inglés—, acción que le ha valido al Legislativo reconocimientos por parte de asociaciones y académicos, defensores de la neutralidad de Internet alrededor del mundo.

ACTA, en efecto, hubiese contribuido a retrasar el ingreso de México a la Sociedad del conocimiento, pues se basa en la lógica de criminalizar a los internautas por descargar contenidos en Internet, al estilo de la “Ley Sarkozy” en Francia (con algunos matices).

ACTA no reconoce las modificaciones en el circuito de la cultura ni los modelos de alternativos para proteger los derechos de autor como el Creative Commons y, en cambio, protege los intereses comerciales de la industria del entretenimiento, intereses legítimos, pero que requieren en la actualidad de una visión más amplia que reconozca que las prácticas culturales en la era digital modifican el consumo de entretenimiento.

En este texto compartiré con ustedes, brevemente y con ánimo explicativo, quiénes fueron los actores centrales en la discusión del ACTA en México y sus principales argumentos.

La industria

La industria de la música se convirtió, como en el resto de los 36 países negociadores, en la mayor defensora del acuerdo. Agrupados en la denominada Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (2011), 37 organizaciones urgieron al Senado a aprobar el acuerdo, ya que la “violación de los derechos de autor y derechos conexos como resultado de la piratería y el uso indiscriminado de las obras a través de Internet ha ocasionado, además de una pérdida de empleos calificados y bien remunerados, pérdidas millonarias a todos los titulares involucrados en las industrias culturales del país”.

Según la Coalición, de no firmar, México se convertiría de ser un “generador, productor y exportador de cultura a un simple importador”. Un argumento discutible, ya que no toma en cuenta las transformaciones en el circuito de la cultura ante la digitalización ni las hibridaciones culturales producto de la convergencia y la multiculturalidad pero, sobre todo, el consumo en México de bienes culturales provenientes del mercado estadounidense.

El argumento de la industria discográfica evidencia la falta de datos producto de metodologías precisas, de las que no sólo se carece en México, sino en el mundo ya que, como hemos señalado, la tecnología ha avanzado más rápido que el conocimiento sobre sus efectos, lo cual redunda en muchos discursos y escasa racionalidad científica.

La industria disquera, representada por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas, Amprofon, sostuvo la postura más radical en torno al tratado, al adjudicar a las descargas musicales la pérdida en los últimos seis años de 80% de los puestos de trabajo, así como de 7 mil puntos de venta que sostenían a 40 mil familias. También la reducción de las ventas de discos a menos de la mitad con respecto a lo que se vendía cinco años antes (Ibarra, s.f.).

Durante su intervención ante el Grupo Plural del Senado el 2 de marzo de 2011, el director de la Amprofon, Fernando Hernández, señaló que en México tan sólo en 2010 se descargaron 5 mil 788 millones de canciones y 648 millones de videos musicales.

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial

De acuerdo a la Ley de Celebración de Tratados mexicana, es el Ejecutivo quien negocia los acuerdos comerciales como el ACTA y corresponde al Legislativo ratificarlos o en su caso recomendar no firmarlos. Fue la Secretaría de Economía la que negoció el acuerdo en secrecía a través del IMPI  (Instituto Mexicano de Propiedad intelectual) del cual, a decir del senador Carlos Sotelo, no fue informado el Legislativo. En una carta informativa, elaborada a petición del Senado y ante la presión de un reducido pero influyente grupo de internautas, el IMPI expuso al Legislativo las ventajas del acuerdo, entre las que se encuentran los siguientes puntos: a)  favorece la cooperación internacional, b) mejora la protección de los derechos de propiedad intelectual, lo cual redundaría en mayor inversión y fomento a la innovación y c) fortalece las marcas nacionales (IMPI, 2011).

Las empresas de telecomunicaciones

Empresas de telecomunicaciones y asociaciones que les representan mostraron su preocupación por los costos que llevaría una eventual intervención de los proveedores de Internet , los cuales, tendrían que proveer los datos de los internautas que infringieran los derechos de autor, lo cual provocaría el encarecimiento del servicio además de vulnerar la privacidad de los datos personales de sus clientes.

La Asociación Mexicana de Internet, AMIPCI, así como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, CANIETI, hicieron público su desacuerdo pero, sobre todo, sus reservas con el acuerdo que les convertiría en una pieza fundamental de la vigilancia en Internet.

En apoyo a la industria de las telecomunicaciones, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel propuso en 2010 considerar algunos puntos relevantes antes de proceder a la votación del ACTA, entre los que destaca: una posible disminución del crecimiento de Internet y del número de usuarios.

Los internautas

De no ser por un reducido grupo de internautas mexicanos que se dio el tiempo de interpretar y analizar los documentos filtrados por WikiLeaks desde 2007 —los  cuales habían pasado inadvertidos por los medios tradicionales—, probablemente los ciudadanos no habríamos presenciado ningún tipo de discusión abierta sobre sus objetivos e implicaciones. En 2010, tres años después de iniciadas las negociaciones, nos enteramos que México se había integrado a éstas desde octubre de 2007. Fue así como el Senado inició sus requerimientos al Ejecutivo y decidió instalar un grupo plural para su discusión.

Este grupo de activistas, creadores del blog Open Acta y de la cuenta en Twitter @StopActaNow se erigieron en un grupo de presión que consiguió la atención no sólo de ciudadanos y académicos, sino del propio poder Legislativo hacia un tema de innegable complejidad.

Los legisladores

A partir de la labor informativa de este grupo de internautas (a quienes prefiero no mencionar por temor a una omisión involuntaria), el Senado, a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se pronunció en contra de la opacidad de las negociaciones, así como por los posibles riesgos de inhibir el crecimiento de Internet, en un país en que sólo una cuarta parte de los habitantes se encuentra conectada, a diferencia de las economías desarrolladas promotoras del acuerdo (Senado de la República, 2010).

El Senado instaló un grupo plural al que asistieron los sectores involucrados en diversas ocasiones. Personalmente tuve el honor de participar en una de las reuniones el 23 de febrero, en la cual percibí apertura y, por supuesto, disenso constructivo entre las diversas partes.

A partir de estas consultas, producto de la responsabilidad y apertura de algunos legisladores, es como el Congreso decidió recomendar al Ejecutivo no firmar.

Los países negociadores tienen hasta el 31 de marzo de 2013 para ratificar o, en su caso, rechazar ACTA, un acuerdo promovido por Estados Unidos y la Unión Europea del cual, a decir de información filtrada por WikiLeaks, México sería una simple comparsa. No  ha sido así, al menos por ahora.

Imagen: “ACTA” por Tim Wayne (redtimmy) @Flickr

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